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Legislación de la franquicia

FRANQUICIADO

 
Qué leyes se aplican a la relación entre franquiciadores y franquiciados
 
¿Qué dice la ley sobre la franquicia?
 
A pesar de que la legislación española no regula de un modo sistemático la relación de franquicia es importante conocer las normas aplicables a este sistema comercial.
           
A fin de facilitar el acercamiento al amplio y variado conjunto de normas jurídicas que, en mayor o menor medida, afectan a los acuerdos de franquicia, conviene comenzar por definir esta figura.
La legislación española nos proporciona escasa ayuda a la hora de definir la relación de franquicia, ya que el artículo 62 de la Ley 7/1996 sobre Ordenación del Comercio Minorista -único precepto con rango de ley que alude a la misma- elude cualquier referencia a su naturaleza o régimen jurídico. El legislador no se refiere, pues, al contrato de franquicia sino a “la actividad comercial de franquicia” que define como “aquella que se lleva a efecto en virtud de un acuerdo o contrato por el que una empresa, denominada franquiciadora, cede a otra, denominada franquiciada, el derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización de productos o servicios”. Ha sido la jurisprudencia la que, poco a poco, ha ido arrojando luz sobre la cuestión pudiéndose definir el contrato de franquicia como “contrato atípico que se celebra entre dos partes jurídica y económicamente independientes, en virtud del cual una de ellas -franquiciador- otorga a la otra -franquiciado- el derecho a utilizar bajo determinadas condiciones de control, y por un tiempo y zona delimitados, una técnica en la actividad industrial o comercial o de prestación de servicios del franquiciado, contra entrega por éste de una contraprestación económica”.
Desde una perspectiva menos técnica, resulta sin embargo muy útil la descriptiva definición que contiene el Código Deontológico Europeo de la Franquicia, aplicable en España, en cuyo artículo 1 se define como “un sistema de comercialización de productos y/o servicios y/o tecnologías, basada en una estrecha y continua colaboración entre empresas jurídica y financieramente distintas e independientes, el Franquiciador y sus Franquiciados, en el que el Franquiciador dispone el derecho e impone a sus Franquiciados la obligación de explotar una empresa de acuerdo con sus conceptos. El derecho así concedido autoriza y obliga al Franquiciado, a cambio de una aportación económica directa o indirecta, a utilizar la marca de productos y/o servicios, el “know how” (saber hacer) y otros derechos de propiedad intelectual, ayudado por la continua asistencia comercial y/o técnica, en el marco de un contrato de Franquicia escrito y suscrito por las partes a este efecto”.
De lo expuesto hasta aquí puede extraerse una primera conclusión: el contrato de franquicia es un contrato atípico. Ello quiere decir, en síntesis, que la figura no posee una caracterización unívoca (como por ejemplo poseen la compraventa, el arrendamiento, el seguro, el préstamo, etc.) careciendo asimismo de una regulación integral en una norma positiva. En consecuencia, será la autonomía de la voluntad de las partes, plasmada en el contrato, la que configure el concreto contenido de la relación en el marco de unos principios generales. Puede concluirse, en segundo lugar, que en la relación de franquicia confluyen una gran variedad de prestaciones recíprocas que podrían incardinarse en otros tantos contratos o instituciones típicas (ej. suministro, propiedad intelectual, industrial, etc.), de manera que -de modo diferente en cada caso- serán de aplicación normas o conjuntos de normas que regulan negocios jurídicos y contratos típicos.
Asimismo, le serán aplicables al franquiciador y al franquiciado todas y cada una de las normas que disciplinan cualquier actividad empresarial, ya sea de orden administrativo, fiscal, laboral, seguridad social, etc.
Finalmente, como tercera conclusión, hemos de destacar la atención que el legislador nacional y comunitario ha prestado a las redes de distribución en régimen de franquicia con el fin de salvaguardar determinados intereses dignos de protección por los poderes públicos: libre competencia, libertades económicas comunitarias o protección de los consumidores y usuarios, entre otras.
 
 
Normativa específica
 
Ley 7/1996, 15 de enero
Ordenación comercio minorista (Cap. VI)
 
RD 2485/1998, 13 de noviembre
Por el que se desarrolla el artículo 62 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, relativo a la regulación del régimen de franquicia, y se crea el Registro de Franquiciadores.
 
Real Decreto 419/2006, de 7 de abril
Por el que se modifica el Real Decreto 2485/1998, de 13 de noviembre, relativo a la regulación del régimen de franquicia y el registro de franquiciadores.
 
 
 
Mercado competencia y consumidores
 
Reglamento CE nº 2790/1999 de la Comisión, 22 de diciembre 1999
Relativo a la Aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas Categorías de Acuerdos Verticales y Prácticas Concertadas.
 
Ley 15/2007, de 3 de julio
De Defensa de la Competencia.
 
R.D Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre
Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes compementarias.
 
Ley 34/1988, de 11 de noviembre
General de Publicidad.
 
Ley 34/2002, de 11 de julio
De servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.
 
 
 
Normativa general y conexa
 
Código Civil
(Aprobado por RD de 24 de julio 1889), en especial su Libro IV dedicado a las obligaciones y contratos en general y a los diferentes contratos típicos.
 
Código de comercio
(RD de 22 de agosto de 1885).
 
Ley 17/2001, 7 diciembre
Marcas y su Reglamento de ejecución aprobado por RD 687/2002, de 12 de julio.
 
Ley 11/1986, 20 marzo
De Patentes.
 
Ley 3/1991, 10 enero
De Competencia Desleal.
 
Con carácter general
Toda la normativa societaria: Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (RDleg 1564/1989); Ley 2/1995, de Sociedades de Responsabilidad Limitada; Ley Concursal (22/2003); Estatuto de los Trabajadores, etc.
 
También con carácter general deberán ser tenidas en cuenta las disposiciones autonómicas y locales en materia de licencias administrativas, horarios comerciales, etc.
 
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